CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS
TITULO I
DEFINICIONES
Art. 1.- Finalidad.- Este
Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y
la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que
viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el
disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y
equidad.
Para
este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio
del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de
protección integral.
Art. 2.- Sujetos protegidos.-
Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde
su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción,
protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos
expresamente contemplados en este Código.
Art. 3.- Supletoriedad.- En
lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás
normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los
principios que se reconocen en este Código y sean más favorables para la
vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.
Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.-
Niño o niña es la persona que no ha. cumplido doce años de edad.
Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de
edad.
Art. 5.- Presunción de edad.-
Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es
niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor
de dieciocho años.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.-
Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no
serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad,
sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión
política, situación económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o
de sus progenitores, representantes o familiares.
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.
Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos.-
La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y
adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a
desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de
interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política
de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus
derechos.
Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.-
Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus
respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas,
económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para
la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y
exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
El
Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales
y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma
estable, permanente y oportuna.
Art. 9.- Función básica de la familia.-
La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y
fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.
Corresponde
prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida
del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y
exigibilidad de sus derechos.
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El
Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas,
planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las
responsabilidades especificadas en el artículo anterior.
Art. 11.- El interés superior del niño.-
El interés superior del niño es un principio que está orientado a
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas,
el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Para
apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un
justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y
adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus
derechos y garantías.
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.
El
interés superior del niño es un principio de interpretación de la
presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar
previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que
esté en condiciones de expresarla.
Art. 12.- Prioridad absoluta.-
En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la
provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y
adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los
servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.
Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años.
En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.
Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El
ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y
responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera
progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe
cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no
esté expresamente contemplado en este Código.
Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente.-
Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o
insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la
violación o desco-nocimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Las
normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los
actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que
se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del
interés superior del niño.
DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES
Capítulo I.- Disposiciones generales
Art. 15.- Titularidad de derechos.-
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y,
como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de
las personas, además de aquellos específicos de su edad.
Los
niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo
jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías
reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las
limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes.
Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.-
Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia
son de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e
intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley.
Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.-
Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas,
que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho
del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la
autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
Art. 18.- Exigibilidad de los derechos.-
Los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño,
niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son
exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su
eficacia, en la forma que este Código y más leyes establecen para el
efecto.
Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.-
Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán
sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin
perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la
responsabilidad civil.
Art. 20.- Derecho a la vida.- Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su
concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar
por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.
Se
prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la
fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y
adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga
en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral.
Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y
madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas
permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás
parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier
circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y
garantías.
No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus progenitores.
En
los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de
ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información
sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para
localizarlos.
Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en
su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar
prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha
familia.
Excepcionalmente,
cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de
conformidad con la ley.
En
todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y
comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo
integral.
El
acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de
libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio
familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida.
Art. 23.- Protección prenatal.-
Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a
la mujer embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el
Juez disponer las medidas cautelares que sean del caso.
El
Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con
discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el
tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña.
El
responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o
permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista
en este Código.
Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los
niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna para asegurarle el
vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento y
desarrollo.
Es
obligación de los establecimientos de salud públicos y privados
desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna.
Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.-
El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños,
niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención
durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña,
especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con
peso inferior a dos mil quinientos gramos.
Art. 26.- Derecho a una vida digna.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que
les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para
su desarrollo integral.
Este
derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación
nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los
servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda
segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.
Para
el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el
Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las
condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas
para la comunicación y transporte.
Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.
El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:
1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;
2.
Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos,
para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los
niños, niñas y adolescentes que los necesiten;
3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten;
4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados;
5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o adolescente;
6.
Información y educación sobre los principios básicos de prevención en
materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios;
7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales;
8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado desarrollo emocional;
9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y padre; y,
10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas.
Se
prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras
que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos
industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a
niños, niñas y adolescentes.
Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud:
1.
Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que
favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior;
2.
Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad
de los servicios de salud, particularmente la atención primaria de
salud; y adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad
materno infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que
afectan a la población infantil;
3.
Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico
temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento
y estimulación oportunos;
4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y adolescentes;
5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;
6.
Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás
personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para
brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y
nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental; y,
7.
Organizar servicios, de atención específica para niños, niñas y
adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.
Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde
a los progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los
niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su
alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y
disposiciones médicas y de salubridad.
Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.-Los establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a:
1.
Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y
adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías
de ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la
ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos,
la falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra
circunstancia similar;
2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus progenitores o representantes;
3.
Mantener registros individuales en los que conste la atención y
seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio; y registros
actualizados de los datos personales, domicilio permanente y referencias
familiares de la madre;
4.
Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto,
mediante el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los
nombres, apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y expedir el
certificado legal correspondiente para su inscripción inmediata en el
Registro Civil;
5.
Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y
procedimientos legales para la inscripción del niño o niña en el
Registro Civil;
6.
Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre,
hasta que ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan
subsistir sin peligro fuera del establecimiento;
7.
Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que
nazcan con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo;
8.
Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados ordinarios
y especiales que deben brindar al recién nacido, especialmente a los
niños y niñas a quienes se haya detectado alguna discapacidad;
9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia materna, por lo menos hasta el primer año de vida;
10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, niña y adolescente;
11.
Informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes los
casos de niños o niñas y adolescentes con indicios de maltrato o abuso
sexual; y aquellos en los que se desconozca la identidad o el domicilio
de los progenitores;
12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso sexual; y,
13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con discapacidad evidente.
Art. 31.- Derecho a la seguridad social.- Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad social. Este
derecho consiste en el acceso efectivo a las prestaciones y beneficios
generales del sistema, de conformidad con la ley.
Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.-
Todo los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que
garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral.
El
Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas
claras y precisas para la conservación del medio ambiente y el
ecosistema.
Art. 33.- Derecho a la identidad.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los
elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y
sus relaciones de familia, de conformidad con la ley.
Es
obligación del Estado preservar la identidad de los niños, niñas y
adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración,
sustitución o privación de este derecho.
Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar,
desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales,
culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser
protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto
sustituir, alterar o disminuir estos valores.
Art. 35.- Derecho a la Identificación.- Los
niños y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del
nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les correspondan.
El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación
mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles,
gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad.
Art. 36.- Normas para la identificación.-
En la certificación de nacido vivo, que deberá ser emitida bajo la
responsabilidad del centro o institución de salud pública o privada que
atendió el nacimiento, constará la identificación dactilar de la madre y
la identificación plantar del niño o niña recién nacido o nacida. En
casos de inscripción tardía se deberá registrar en la fecha respectiva
la identificación dactilar del niño, niña o adolescente.
Cuando
se desconozca la identidad de uno de los progenitores, el niño, niña o
adolescente llevará los apellidos del progenitor que lo inscribe, sin
perjuicio del derecho a obtener el reconocimiento legal del otro
progenitor.
Si
se desconoce la identidad o domicilio de ambos progenitores, el niño,
niña o adolescente se inscribirá por orden judicial o administrativa,
con dos nombres y dos apellidos de uso común en el país. Se respetará el
nombre con el cual ha sido conocido y se tomará en cuenta su opinión
cuando sea posible. La inscripción podrá ser solicitada por la persona
encargada del programa de protección a cargo del niño o niña o por la
Junta de Protección de Derechos. Practicada la inscripción, el Jefe
Cantonal del Registro Civil pondrá el caso en conocimiento de la
Defensoría del Pueblo de la jurisdicción correspondiente, para que
inicie las gestiones extrajudiciales tendientes al esclarecimiento de la
filiación del niño o niña y posterior reconocimiento voluntario o
entable la acción para que sea declarada judicialmente.
Comprobada
y resuelta por la autoridad judicial o administrativa competente la
sustitución, confusión o privación de identidad o de alguno de sus
elementos, el Registro Civil iniciará de inmediato los procedimientos
idóneos para restablecerla sin costo alguno para el afectado.
Los
niños y niñas de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
del país, tienen el derecho a ser inscritos con nombres propios del
respectivo idioma. Las autoridades del Registro Civil tienen la
obligación de inscribir estos nombres sin ningún tipo de limitación u
objeción.
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1.
Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3.
Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación
que requiera mayores oportunidades para aprender;
4.
Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a
cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos
flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los
educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y adolescendentes.
La
educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el
décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su
equivalencia.
El
Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que
se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la
educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:
a)
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un
entorno lúdico y afectivo;
b)
Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la
valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la
autonomía y la cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria;
e)
Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad
de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y
la conservación de la salud;
f)
Fortalecer el respeto a tu progenitores y maestros, a su propia
identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a
los de otros pueblos y culturas;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y técnicos; e,
i) El respeto al medio ambiente.
Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:
1. Matricularlos en los planteles educativos;
2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos;
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el Estado y la sociedad;
7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles educacionales; y,
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan Conocimiento.
Art. 40.- Medidas disciplinarias.-
La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos
respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes;
excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto,
cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante.
Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de:
1. Sanciones corporales;
2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes;
3. Se prohíben las sanciones colectivas; y,
4.
Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una
condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes
legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta
prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o
maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le
podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres.
En
todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un
niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel
educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de
sus progenitores o representantes.
Cualquier
forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en
conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley,
sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo
que correspondan en el ámbito educativo.
Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.-
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la
inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de
discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas recibirlos y
a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y
promoción adecuados a sus necesidades.
Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural.
En
el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo
público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la
autoridad competente.
Es
obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades
culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los
niños, niñas y adolescentes.
Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos.-
Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y adolescentes
de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afro-ecuatorianos,
deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su
respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus necesidades
especificas, de conformidad con la Constitución y la ley.
Las
entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a
dichos niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus actividades
con las correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos.
Art. 45.- Derecho a la información.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger
información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de
comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que
se derivan del ejercicio de la patria potestad.
Es
deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y
adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y
proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita
ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.
Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe:
1.
La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y
destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o
mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de
niños, niñas y adolescentes a estos medios;'
2.
La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes
en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la
familia y a los niños, niñas y adolescentes; y,
3.
La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y
adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes
inadecuados para su desarrollo.
Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas.
Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado deberá:
a)
Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de
información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y
adolescentes;
b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia;
c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil;
d)
Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de
programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y
adolescentes perteneciente a los diversos grupos étnicos;
e)
Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y
adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones
dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes;
f)
Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que
faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o
cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la
violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o
que perjudiquen la formación del menor; y,
g)
Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la
debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la
información y programas que presentan y la clasificación de la edad para
su audiencia.
Se
consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la
violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los
niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos
perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo
cuanto atente a la moral o el pudor.
En
cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con
esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del
Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la
Administración Pública, expedido por el Presidente de la República.
Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al
descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa
evolutiva.
Es
obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e
inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos
tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y
accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y
gratuitos para el ejercicio de este derecho.
Los
establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas,
recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos
presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades.
El
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre
programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y
programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de
asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes.
Art. 49.- Normas sobre el acceso a espectáculos públicos.-
Se prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los espectáculos
que hayan sido calificados como inconvenientes para su edad.
Los
espectáculos públicos adecuados para la niñez y adolescencia gozarán de
un régimen especial respecto de los impuestos y contribuciones fiscales
y municipales, que se reglamentará por las autoridades respectivas. Si
se han organizado exclusivamente en beneficio de los establecimientos de
protección, gozarán de exoneración de impuestos.
En
los espectáculos a que se refiere el artículo anterior, serán admitidos
en forma gratuita y obligatoria los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a establecimientos de protección.
Las
empresas responsables de los espectáculos deberán ofrecer las
seguridades necesarias y garantizar las medidas en caso de accidente.
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su
integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.
No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.
Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:
a)
Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los
progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el
ejercicio de este derecho; y,
b)
Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá
proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el
reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.
Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohíbe:
1.
La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes
publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en
espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad;
2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso;
3.
La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas,
historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o
nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de
maltrato o abuso;
4.
La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias
escritas que permitan la identificación o individualización de un niño,
niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o
infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se
desarrollan; y,
5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas.
Aun
en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente
la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización
expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin
la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no
lesiona los derechos de su representado.
Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación.-
Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad
de su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su
domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas,
de conformidad con la ley.
Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.
Art. 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales.-
Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a proceso,
privados de su libertad o a quienes se haya aplicado una medida
socio-educativa, con motivo de una infracción penal, tienen derecho a
que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a
que se respete la reserva de la información procesal en la forma
dispuesta en esta Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en
resolución motivada, en la que se expongan con claridad y precisión las
circunstancias que justifican hacer pública la información.
Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales.- Además
de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de
los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad
o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para
el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus
potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de
la mayor autonomía posible, ' de modo que puedan participar activamente
en la sociedad, de acuerdo a su condición.
Tendrán
también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y
pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten.
El
Estado asegurará el ejercicio de estás derechos mediante su acceso
efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la
prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación,
preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias,
que serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes cuyos
progenitores o responsables de su cuidado no estén en condiciones de
pagarlos.
Art. 56.- Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad.- Los
niños, niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por
encontrarse uno o ambos progenitores privados de su libertad, deberán
recibir protección y asistencia especiales del Estado, fiera de los
centros de rehabilitación, mediante modalidades de atención que aseguren
su derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones
personales directas y regulares con sus progenitores.
Art. 57.- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en
casos de desastres naturales y de conflictos armados internos o
internacionales. Esta protección se expresará, entre otras medidas, en
la provisión prioritaria de medios de evacuación de las zonas afectadas,
alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas.
El
Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho
internacional humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a
los que se refiere este artículo; y asegurará los recursos, medios y
mecanismos para que se reintegren a la vida social con la plenitud de
sus derechos y deberes.
Se
prohíbe reclutar o permitir la participación directa de niños, niñas y
adolescentes en hostilidades arruadas internas e internacionales.
Art. 58.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.- Los
niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les haya
concedido el estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección
humanitaria y la asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus
derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas
encargadas de su cuidado.
Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente,
a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo,
oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas
restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la
moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades
fundamentales de los demás.
Art. 60.- Derecho a ser consultados.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en
todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en
la medida de su edad y madurez.
Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar su opinión.
Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.-
El Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las
libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger
la seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Es
derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su
cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio
de este derecho, según su desarrollo evolutivo.
Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a reunirse pública y
pacíficamente para la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y
garantías.
Art. 63.- Derecho de libre asociación.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse libremente
con fines lícitos. Este derecho incluye la posibilidad de los
adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a
la ley.
El
Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho,
principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales,
deportivas, laborales y comunitarias.
Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista en la ley.
Art. 64.- Deberes.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la
Constitución Política Impone a los ciudadanos, en cuanto sean
compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de
manera especial a:
1. Respetar a la Patria y sus símbolos;
2.
Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar
su pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y
garantías;
3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás;
4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia;
5. Cumplir sus responsabilidad relativas a la educación;
6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo;
7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y educación; y,
8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.
Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- La
capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, niñas y
adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción de
los siguientes casos:
1.
Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince
años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley
confiera para la celebración de determinados actos;
2.
Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad
legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente
Código; y,
3.
Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto
de una organización estudiantil, laboral, cultural, artística,
ambiental, deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos
representantes en el ejercicio de su derecho de asociación y cuya
cuantía no exceda a dos mil dólares.
Los
adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales
encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los
niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de
sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante
legal.
Art. 66.- Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes.- Los
niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos
y actos dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores
en los casos y formas previstos en el Código Civil.
Los
adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos
ilícitos, en los términos de este Código. . Su responsabilidad civil por
los actos o contratos que celebren se hará efectiva sobre su peculio
profesional o industrial o sobre los bienes de la asociación que
representen de acuerdo con lo prevenido en el artículo anterior, según
sea el caso.
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